Guadalajara, Jalisco

La construcción de un nuevo acueducto sustituto que traería agua desde Chapala hasta Guadalajara tendría un costo de 10 mil 136 millones de pesos, así como un gasto anual de mantenimiento de 145 millones de pesos y una vida útil de 30 años.

Así lo plantea la Comisión Estatal del Agua en el documento Análisis Costo Beneficio del Acueducto Sustituto Chapala Guadalajara, que el Ejecutivo presentó el 14 de julio al Congreso del Estado como parte del Plan Hídrico de Jalisco.

En el documento, se admite que el acueducto vigente no ha recibido mantenimiento desde su puesta en marcha en 1991 porque no es posible detener el bombeo y, en consecuencia, los minerales del agua cruda que extrae desde Chapala han generado incrustaciones en el interior de la infraestructura que han reducido su diámetro y ni siquiera permite alcanzar la conducción de agua prevista, de 7 mil 500 litros por segundo. 

A la fecha y debido al adelgazamiento del acueducto, solo se extraen 6 mil litros por segundo de esa fuente.

De ahí que se utilice el sistema antiguo, el canal de Atequiza a cielo abierto y expuesto a decenas de fuentes de contaminación, para complementar la extracción permitida desde el lago de Chapala y que contribuye a que entre agua cada vez más contaminada a las plantas potabilizadoras.

Según el proyecto, la puesta en marcha del acueducto sustituto permitirá prescindir del sistema antiguo que se traducirá en mejor calidad de agua, y además se reducirían las pérdidas, ya que actualmente se compromete el 36.9 por ciento del recurso que administra el Siapa por fugas.

El documento que el Ejecutivo entregó al Congreso para su análisis prevé que la obra podría comenzar a funcionar en el 2029 y operar de manera ininterrumpida hasta el 2059. No obstante, considera que en 20 años requerirá una renovación del equipo de bombeo que ascendería a 706.5 millones de pesos. 

• Para el financiamiento de esta infraestructura, el proyecto señala textualmente que podría ejecutarse con una mezcla de recursos financieros que contempla participación federal y o privada, misma que deberán evaluar las y los diputados.