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Guadalajara, Jalisco.
Seguramente te ha pasado: abres tu correo o revisas la plataforma estatal y te encuentras con una fotoinfracción. Aunque la primera reacción suele ser de resignación, el marco legal mexicano dice otra cosa.
En entrevista, el Mtro. Ernesto Ávalos Rolón, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, desmenuzó los motivos jurídicos por los cuales las fotomultas carecen de legalidad y por qué el Tribunal de Justicia Administrativa suele fallar a favor de los ciudadanos.
Para que cualquier acto de una autoridad sea válido, debe cumplir estrictamente con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto implica que la multa debe ser un mandamiento escrito, emitido por una autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado.
Fotografía: Ignacio Pérez Vega | Archivo
De acuerdo con el especialista, las fotomultas fallan en tres puntos clave:
1. El laberinto de la incompetencia
La Constitución (Artículo 115, fracción III, inciso H) otorga originalmente la facultad de regular la vialidad y el tránsito a los municipios. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad, opera las fotomultas mediante convenios de delegación de facultades. Sin embargo, aquí radica el primer gran error:
- Convenios sin vigencia: Estos acuerdos suelen firmarse por el término de la administración municipal (3 o 6 años). Las autoridades suelen imprimir formatos masivos ("esqueletos" de infracciones) y siguen usándolos cuando el convenio ya caducó.
- Falta de certeza jurídica: La fotoinfracción menciona el convenio de forma general, pero no demuestra al ciudadano de manera transparente que dicho acuerdo siga vigente, dejándolo en estado de indefensión.
- Efecto dominó: Si la Secretaría de Seguridad no tiene la competencia legal vigente, tampoco puede delegar facultades a directores jurídicos para firmar las multas.
2. Una firma electrónica defectuosa
Hoy en día, las fotomultas ya no cuentan con una firma autógrafa, sino con un código QR que representa la firma electrónica.
No obstante, el Mtro. Ávalos señala que al analizar estos códigos bajo la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco, se detecta que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos que validen la identidad de la autoridad emisora.
Fotografía: Gustavo Alfonzo - UdeG
3. La tecnología no tiene palabra de honor
El lado derecho de la infracción muestra la foto de tu auto y tu placa, argumentando que excediste el límite de velocidad detectado por un aparato llamado cinemómetro (radar).
"Las cosas tecnológicas no tienen palabra; la autoridad debe acreditar ante el ciudadano que el aparato estaba correctamente calibrado conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM). Al no incluir esa certificación de calibración, la multa pierde el sustento de su motivación", afirma el académico.
El negocio detrás de las infracciones
¿Por qué el gobierno sigue emitiendo estas multas si son técnicamente ilegales? La respuesta es simple: es un mecanismo meramente recaudatorio.
Concepto Cifra Estimada
Cortesía
Al ser tan bajo el porcentaje de impugnación, las autoridades absorben las derrotas en los tribunales porque el grueso de la población prefiere pagar.
¿Qué opciones tienes si te llega una fotomulta?
Si fuiste notificado con una fotoinfracción, el experto señala que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve prácticamente el 100% de los casos a favor del ciudadano, de forma aún más ágil gracias al Juicio en Línea. Tienes estas vías de acción:
- El Juicio de Nulidad: Se promueve ante el tribunal. El fallo a tu favor es seguro, pero debes considerar los tiempos: el proceso puede tardar de 4 a 6 meses debido a la saturación del sistema para borrar las deudas de las plataformas de la Secretaría de la Hacienda Pública.
- Asesoría Gratuita: La Universidad de Guadalajara ofrece apoyo a través del Bufete Jurídico del CUCSH, ubicado en Coronel Calderón #663. Ahí se elabora la demanda de manera gratuita, solicitando únicamente una cuota simbólica de recuperación para los traslados del personal a los juzgados.
La recomendación práctica
A pesar de tener la victoria legal garantizada, el Mtro. Ávalos Rolón invita a la reflexión económica. Si la multa ronda los 800 pesos y ofrece un descuento por pronto pago, a veces resulta más práctico para el ciudadano liquidarla:
"Poner a trabajar a la maquinaria judicial por un asunto de 800 pesos resulta, en ocasiones, más costoso para el Estado y desesperante por el tiempo de espera para el propio automovilista".
Sin embargo, el derecho a defenderse de un acto ilegal siempre estará disponible.
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