Guadalajara, Jalisco

Pablo Fernando Quesada Gómez tiene un doble papel que abre la puerta a un posible conflicto de interés, ya que por un lado dirige el Instituto de Pensiones (Ipejal), organismo encargado de administrar los recursos para las pensiones y servicios médicos de los trabajadores del Estado; por el otro, mantiene un espacio en el Consejo de Administración de banco Santander México.

Quesada Gómez llegó a la dirección del Ipejal el pasado 1 de julio, después de desempeñarse como director adjunto de la Red Comercial y Minorista de Banco Santander. Además, de acuerdo con la información de gobierno corporativo del banco, figura como consejero ejecutivo Serie F.

En este contexto, el funcionario decidió delegar parte de sus funciones mientras conserva el control de la institución. 

Ficha Ipejal, Pag. 2

El pasado 31 de julio, Fernando Quesada firmó el acuerdo delegatorio 004/2026 mediante el cual dejó en manos del director de Gestión y Protección del Patrimonio Inmobiliario, Rodrigo Tostado Rodríguez, facultades para suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles propiedad del Instituto, así como convenios modificatorios y de terminación de contratos de arrendamientos.

Además, estará en sus manos suscribir los contratos de arrendamientos destinados a fines industriales, comerciales y de servicios públicos y privados.

El documento establece que Quesada Gómez conserva la posibilidad de ejercer nuevamente esas facultades cuando lo considere conveniente. Es decir, no deja de tener responsabilidad sobre esas decisiones; simplemente las encomienda a otro funcionario.

Con su nueva obligación, Rodrigo Tostado Rodríguez adquiere las responsabilidades administrativas, civiles y presupuestales en que pudiera incurrir por el uso indebido de sus facultades. Así, el titular del Instituto trata de proteger su silla en la función pública, pero sobre todo en la banca privada.

Este movimiento es relevante porque el Ipejal administra recursos públicos destinados a garantizar las pensiones y la atención médica de los trabajadores y pensionados del Estado, mientras que Santander es una institución financiera con la que el Instituto puede tener relaciones comerciales o financieras. 

Pese a todo lo anterior, la permanencia de Quesada Gómez en órganos directivos de Santander plantea un potencial conflicto de interés que han externado tanto la Contraloría Ciudadana como la diputada Valeria Ávila. De hecho, su posición es ilegal de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, Capítulo II, Subsección XI

En su artículo 7, apartado XI, dicho estatuto deja en claro que las personas servidoras públicas deben “separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público, y que constituyan conflicto de interés (…) previo a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión”.

• Este medio ha solicitado entrevista con el director del Ipejal para obtener su reacción al respecto. El diálogo no se ha concretado. 

Documentos anexos: