Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa por nexos con el narco
Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa




Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios, tanto actuales como ex integrantes del aparato de seguridad y gobierno, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fiscalía de Nueva York acusa a Rocha Moya y funcionarios por narcotráfico

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.

La acusación sostiene que, a cambio de sobornos millonarios y apoyo político, los funcionarios facilitaron las operaciones del grupo criminal y protegieron a sus líderes.

Los implicados, se añadió, utilizaron sus cargos para filtrar información sensible, evitar detenciones, proteger cargamentos de droga y permitir actos de violencia sin consecuencias. Incluso, algunos habrían participado directamente en secuestros y homicidios relacionados con el cártel.

Apoyo del cártel y corrupción institucional en Sinaloa

El documento judicial también señala que Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo de una facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos durante el proceso electoral. A cambio, el mandatario habría garantizado condiciones de operación para el grupo criminal una vez que llegara al cargo.

Entre los acusados figuran altos mandos de seguridad, fiscales y funcionarios municipales, lo que, según autoridades estadounidenses, evidencia un esquema sistemático de corrupción institucional que permitió al cártel operar con impunidad desde Sinaloa, considerado uno de los principales centros del narcotráfico a nivel global.

El fiscal federal Jay Clayton advirtió que este caso busca enviar un mensaje directo a funcionarios que colaboran con organizaciones criminales: “Nadie está por encima de la ley”. Mientras tanto, la DEA señaló que la red de complicidad política ha sido clave para sostener el flujo de drogas hacia Estados Unidos durante décadas.