GUADALAJARA, JALISCO. 

La volcadura e incendio de un tractocamión sobre la Autopista Guadalajara–Colima, a la altura del kilómetro 68 en el municipio de Sayula, movilizó a corporaciones de rescate y obligó al cierre parcial de la circulación en sentido hacia Colima.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), personal de las comandancias regionales y elementos municipales de Sayula y Tuxpan acudieron al tramo carretero para sofocar las llamas de la unidad de carga pesada, enfriar la estructura y mitigar riesgos de derrame de combustible.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones viales ante la intensa carga vehicular generada en la zona.

El siniestro en en esa vía no es un hecho aislado. En semanas recientes, UDG Noticias han documentado las constantes denuncias de transportistas, turistas y conductores que transitan a diario este corredor comercial y turístico.

Por ejemplo, se han recogido testimonios de operadores de carga y automovilistas que advierten sobre tramos críticos, como las curvas previas al Puente Beltrán y Platanar, así como incorporaciones estrechas, donde los tractocamiones descienden a altas velocidades conviviendo con vehículos ligeros en carriles reducidos.

Otra denuncia es que aunque la vía se encuentra en procesos de mantenimiento y modernización en varios tramos hacia el sur de Jalisco y Colima, los trabajos generan desvíos, reducción a un solo carril y embotellamientos que han dejado varados a conductores durante horas.

Hay que recordar que desde el pasado 15 de agosto, cuando Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) asumió la operación directa del peaje y auxilio vial de la autopista, se detonaron fallas recurrentes en la lectura de telepeaje y largas filas en casetas como San Marcos y Acatlán.

• La situación escaló a nivel gubernamental cuando el mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus, reclamó formalmente a la federación por las afectaciones y demoras que llegaron a superar las tres horas de espera, a lo que CAPUFE argumentó problemas de latencia tecnológica y actos vandálicos en infraestructura de telecomunicaciones.