Guadalajara, Jalisco.
El temporal y sus inundaciones han dejado varados e inundados a por lo menos 118 autos, con afectaciones económicas calculadas en 30 millones de pesos, informó la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres, quien dijo que el Gobierno de Guadalajara no se hace cargo de pagar daño alguno a los particulares, porque ni siquiera tiene en su presupuesto una partida para el pago de responsabilidad patrimonial.
Actualmente, si algún ciudadano cae en un bache y tiene daños en la suspensión, puede presentar una queja ante el propio Ayuntamiento para que se le pague la respectiva reparación.
Sin embargo, de 2021 a la fecha, el Gobierno tapatío ha recibido 171 denuncias por daños y únicamente pagó en siete casos, previo juicio y contratación de abogados por parte de los afectados.
“De 20021 a la fecha se presentaron un total de 171 denuncias y solo siete fueron favorables al ciudadano. En términos llanos, todo el desastre que ustedes ven que ha acontecido en Guadalajara y Zapopan, en este año, que se ha agudizado, ha venido trayendo no solo en la vida cotidiana de los ciudadanos, un daño considerable aproximado de 30 millones de pesos”, dijo.
Ante esta realidad contraria a los derechos ciudadanos, los diputados del PAN proponen facilitar las denuncias por responsabilidad patrimonial en contra de los ayuntamientos. Y para ello, propusieron que se reduzca de 30 a 20 días el tiempo de resolución de las denuncias ciudadanas.
“Si el gobierno no cumple con la obligación que tiene, de mantener en buen estado la infraestructura, si no tapa el bache que te pague la reparación del vehículo. Así de simple. Esta es una iniciativa que está en el campo de acción de los diputados locales, por eso, por supuesto, que nos unimos a esta iniciativa que ha tenido nuestra compañera.
Creo que esta iniciativa se tendría que trasladar al ámbito federal, porque hoy la gran infraestructura que está abandonada también son las carreteras federales”, puntualizó.
- El legislador del PAN, Miguel Ángel Monraz Ibarra, subrayó que los gobiernos locales y el federal tienen que asignar recursos para mantener calles y carreteras en buen estado y cumplir con la ley de responderle al ciudadano cuando sufre un daño por negligencia del estado.
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