Guadalajara, Jalisco.

Combatir la corrupción en Jalisco cuesta caro. Y los resultados medibles son diminutos en comparación. 

En su noveno informe de actividades, el Observatorio Estatal Anticorrupción concluyó que apenas tres de cada 100 carpetas relacionadas con casos de corrupción en este Estado concluyen con una sentencia. Y los fondos destinados tanto a la Secretaría Ejecutiva como a la Fiscalía Especializada en combatir ese delito han sido mayúsculos.

De acuerdo con una revisión al presupuesto asignado a ambas dependencias de 2018 a la fecha, se han erogado 647 millones 260 mil 946 pesos. La burocracia creada para cuidar a la burocracia indica que apenas 408 de las seis mil 119 carpetas de investigación abiertas se judicializaron.

Es decir, que llevar a término cada una de esas carpetas costó a los jaliscienses un millón 586 mil 423 pesos. Para tener una idea, este año se asignaron apenas 831 mil 536 pesos en el Estado al rubro de Desarrollo Urbano Sustentable en la Secretaría de Medio Ambiente. La mitad.

Peor aún. Sólo 15 de esas poco más de 400 carpetas judicializadas llegaron a sentencia.

Si se hace la misma matemática, el costo por cada sentencia es de 43.1 millones de pesos.

Cecilia Díaz Romo, Alberto Bayardo y Salvador Mancera, integrantes del Observatorio, concluyeron que, si bien no todas las carpetas deben llegar a juicio, el porcentaje es muy bajo si se compara con los estándares internacionales. 

Y al ser México un país en donde las prácticas de corrupción son constantes, sí debe invertirse en tecnología, preparación y hasta acuerdos internacionales para que haya éxito y los fondos asignados tengan una justificación. 

Aunado a ello, se incurre en opacidad. Ni siquiera al Observatorio Estatal Anticorrupción se les informó cuántos agentes investigadores hay en la Fiscalía dedicada a ese delito. ¿La justificación?

La información está reservada.

A ello se suma, según los integrantes, el que los seis organismos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción operan por separado. No hay diálogo; no hay coordinación. Y, por si fuera poco, no hay apoyo del Poder Legislativo en lo que respecta a las leyes que darían mayor facultad y jurisdicción a ese sistema.

• Y así, sin resultados, con opacidad y burocracia que cuesta millones a los jaliscienses, la conclusión a la que ha llegado el Observatorio es que, como en otros proyectos prioritarios, las ganas fueron muchas, pero la voluntad política se quedó en el camino, y eso implicaría desaparecer el Sistema, al menos como opera actualmente.