Guadalajara, Jalisco.

Aunque no es un fenómeno exclusivo de Jalisco, hay dependencias públicas en el Estado que, debido a sus resultados, bien pueden compararse con un elefante blanco, pues crecen mucho en presupuesto, cuesta mucho mantenerlas y es cada vez más difícil saber para qué existen.

Una de ellas es la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), organismo encargado de defender gratuitamente a los ciudadanos en conflictos relacionados con el desarrollo urbano. Pues este elefante hoy opera con menos personal que hace un año, pero representa un mayor costo para las finanzas públicas.

Según datos de la propia dependencia, en 2025 había 61 trabajadores, mientras que actualmente su plantilla se redujo a 51 empleados. A pesar de ello, el costo mensual de la nómina pasó de un millón 344 mil 324 pesos a un millón 458 mil 818 pesos; es decir, un incremento cercano al nueve por ciento.

El aumento también se refleja en el costo promedio por servidor público. Hace cinco años cada trabajador representaba un gasto mensual de 22 mil 38 pesos; actualmente esa cifra asciende a 28 mil 604 pesos, lo que significa un incremento de casi 29 por ciento.

Opiniones y funciones de la Prodeur

Y entonces, ¿ese presupuesto funciona? De ello habla el jefe del Departamento de Economía del CUCEA, Hugo Alberto Michel Uribe:

“Bueno, eso suena súper importante en el papel, tener una instancia donde el ciudadano se queje de las infracciones a la planeación urbana. Ya sabemos que tenemos planes parciales de desarrollo, planes municipales y en la práctica una anarquía, todo mundo haciendo negocio y dejando el interés público de lado.

Y, sin embargo, esa procuraduría debería jugar un papel en la defensa de los ciudadanos, de las colonias, de la calidad de los servicios públicos, del desarrollo y no lo logra”.

La Prodeur tiene como principal función actuar como un "ombudsman" en materia urbana.

Entre sus atribuciones se encuentran asesorar gratuitamente a ciudadanos sobre licencias de construcción, cambios de uso de suelo, fraccionamientos, planes parciales y desarrollo urbano; representar legalmente a vecinos cuando consideren que una obra vulnera sus derechos; promover sanciones e incluso solicitar la suspensión o demolición de construcciones irregulares, además de vigilar que autoridades estatales y municipales cumplan con el Código Urbano de Jalisco.

¿Y ha cumplido con todas esas tareas?

“Yo creo que le va a quedar a la gente, y será un tema de debate muy intenso en el futuro, que estos gobiernos privilegiaron el negocio en el desarrollo urbano, que crearon un modelo de desarrollo de la ciudad muy excluyente. Y la procuraduría no lo frenó cuando debió haberlo hecho”.

Para conocer el desempeño de la Procuraduría, se solicitó vía transparencia información sobre el número de asesorías jurídicas y técnicas brindadas a ciudadanos, procedimientos iniciados, denuncias recibidas, acciones para regularizar fraccionamientos, capacitaciones impartidas, intervenciones para proteger el patrimonio urbano y convenios con universidades y organizaciones civiles durante 2025 y 2026.

Sin embargo, la Unidad de Transparencia respondió que esa información "no se encuentra en el formato específico solicitado" y argumentó que la dependencia no está obligada jurídica ni técnicamente a procesar, calcular o presentar los datos de una forma distinta a como obran en sus archivos.

• La respuesta impidió conocer indicadores básicos para evaluar el desempeño de una institución cuya misión es proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos u omisiones relacionados con construcciones, desarrollos inmobiliarios, uso de suelo y ordenamiento territorial, así como supervisar que el crecimiento urbano se realice conforme a la ley y en beneficio del interés público.

Pero este caso no es aislado. En las próximas entregas de esta investigación le presentaremos otros organismos públicos que, al igual que la Prodeur, han visto crecer su costo para el erario sin que exista la misma claridad sobre sus resultados.

Son otros posibles elefantes blancos de la administración pública que revisaremos con datos, presupuesto y desempeño, para responder una pregunta sencilla: cuánto cuestan y qué tanto están cumpliendo con la función para la que fueron creados.