Guadalajara, Jalisco.

¿Para qué sirve la Agencia Estatal de Regulación de Emisiones? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo hace para lograrlos? ¿De qué manera los mide? Y, sobre todo, ¿cuánto nos cuesta?

Los elefantes blancos en la función pública se cuentan por montones. Todas las dependencias, por supuesto, tienen una razón de ser, pero si sólo orbitan dentro de una burocracia millonaria cuyos resultados no son perceptibles por la gente, entonces entran dentro de esta analogía.

Una de las dependencias que plantea esa pregunta es la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, AIRE.

El presupuesto 2026 indica que la Agencia opera con 69 millones 042 mil 498 pesos.

Esto es, más del doble de lo que se le asignó a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (31.8 MDP) y al OPD del Bosque La Primavera (28 MDP).

De hecho, ni juntando el presupuesto de ambos se llega a lo que se destinó a esa Agencia Estatal de Regulación de Emisiones, cuyo plan institucional se publicó apenas el 25 de julio de 2026.

En 2022, ese organismo tenía 79 plazas autorizadas. Todas de confianza y todas ocupadas. Cuatro años después, tiene 180 y hay 22 vacantes. Lo dicho: un elefante que engorda en burocracia y no muestra resultados.

Francisco Javier Sierra Moreno, el titular de esa instancia, percibe un sueldo quincenal bruto de 33 mil 436 pesos, en tanto que los directores administrativos, operativos y de operaciones, Alejandro Barragán Hernández, Almendra Bueno Castro y Jesús Abel Verdugo Ramírez, le cuestan al erario 25 mil 315 pesos cada 15 días.

Pero esas son sólo cifras. ¿Y los resultados? Habla al respecto el jefe del Departamento de Economía del CUCEA, Hugo Alberto Michel Uribe:

“Es otro ejemplo, un ejemplo fallido de intervención pública, donde decíamos, bueno, todos estamos de acuerdo en que el volumen de las emisiones de gases es nocivo. Desde luego que vivir en esta ciudad, en esta área metropolitana, te daña la calidad de vida y queremos que los vehículos, que son la principal fuente de contaminación, bajen las emisiones,

y en esa intención se hizo y se avanzó más en términos de proponer, te acuerdas, la verificación vehicular, hacer los centros de verificación y acabó convertido en un negocio y en el peor de los mundos, donde los ciudadanos no hemos terminado de hacer la verificación, las emisiones no se han recortado y se ha creado un negocio privado”.

Por baja afluencia de autos, Verificentros advierten que están a punto de cerrar

Lo que el especialista menciona no es sólo retórico.

En realidad hay una molestia por parte de los propietarios de los verificentros, quienes a finales de mayo de 2026 se reunieron con diputados locales para decirles que trabajan con pérdidas y que sólo en tres de 20 espacios en donde se aplica el programa de verificación responsable hay “algunas” utilidades.

Su queja fue que, al hacer el llamado “Paquetazo 3X1”, el gobierno había mermado sus ingresos, pues dio gratuidad a un programa que antes le costaba 500 pesos por auto a cualquier propietario de un automóvil.

De este modo, los centros de verificación comenzaron a cerrar. De nada servía tener a gente en ellos si no había autos.

Lo que inició como una política para mejorar el aire, mostró su fracaso en la práctica. El esquema terminó generando cuestionamientos tanto por sus resultados ambientales como por las condiciones bajo las cuales se contrató a los proveedores.

“Había unas cláusulas donde, con independencia del número de personas o de vehículos que se verificaran, el gobierno está obligado a pagar.

Entonces, si los ciudadanos dejan de ir, el proveedor sigue ganando y son esa clase de cosas las que nos llevan a cuestionar estas dependencias públicas, porque ahí crearon una instancia, esta agencia, para regularlo y el resultado en términos de valor público es muy pobre”.

Pero volvamos a la demora en la publicación de su plan institucional. La administración de Pablo Lemus inició el 6 de diciembre de 2024, pero el instrumento que le permite traducir la planeación en términos de objetivos, metas, estrategias e indicadores concretos llegó al Periódico Oficial El Estado de Jalisco año y medio más tarde.

Esto es, luego de la aplicación del llamado Paquetazo 3X1.

Según la Ley de Planeación Participativa de Jalisco, los poderes y organismos públicos descentralizados deben programar sus actividades institucionales mediante ese plan institucional. Además, los programas presupuestarios deben contribuir al cumplimiento de los objetivos de ese plan. De cualquier forma, este año obtuvo casi 70 millones de pesos.

Sin este plan se dificulta conocer los objetivos, medir sus resultados y exigirle cuentas, pues el anterior se publicó durante el sexenio de Enrique Alfaro en julio de 2021.

Así, durante el arranque de la administración, AIRE operó sin un plan institucional publicado en el Periódico Oficial, aunque el instrumento anterior correspondía a la administración de Enrique Alfaro. Si existió un nuevo documento interno, éste no tuvo la publicidad oficial exigida por la ley.

El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta la Agencia, sino qué puede exigírsele cuando durante buena parte de una administración no existió públicamente el documento que establece qué debe hacer, cómo debe hacerlo y cómo se medirán sus resultados.

Una dependencia que crece de 79 a 180 plazas y recibe casi 70 millones de pesos necesita algo más que presupuesto: necesita resultados verificables.

De lo contrario, la pregunta que deja este caso es la misma que atraviesa nuestra serie sobre los elefantes blancos de la función pública: ¿cuánto puede crecer una institución antes de que alguien le pregunte para qué está creciendo?

• Los invito a que no se pierda la cuarta parte de este trabajo especial para que conozca otros elefantes blancos que se alimentan de sus impuestos.

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